Llevaba mucho tiempo sin escribir en el blog, en parte por
falta de tiempo, pero el encarnizado debate que está surgiendo en torno al denominado
“pin parental” me ha hecho retomar este medio para exponer mi opinión sobre el
asunto. Sé que tengo muy pocos lectores y que este artículo pasará “sin pena ni
gloria” pero me basta con que alguien que lo lea se plantee algunas cuestiones
de forma objetiva, al margen de consideraciones políticas.
El pin parental es
una iniciativa de un partido político, concretamente de VOX. Tal y como se
publica en su propia página web el pin parental es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos por
la que los padres solicitan que se
informe previamente y se requiera autorización
expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que se vaya a
impartir sobre ideología de género,
educación afectivo sexual y otras cuestiones morales socialmente
controvertidas. En definitiva se pretende que antes de que los niños vayan a
participar en alguna de estas actividades se recabe la preceptiva autorización
de los padres.
El problema viene porque VOX ha exigido la implantación del pin parental en la Comunidad
Autónoma de Murcia como premisa para apoyar los presupuestos regionales y
no se descarta que pudiera ser extensible a otras Comunidades Autónomas en las
que gobierna en coalición o con su apoyo como Andalucía y Murcia. Ante esto el Gobierno de España integrado por una
coalición entre PSOE y Unidas Podemos, con algunas concesiones a otros partidos
nacionalistas y minoritarios, se opone
rotundamente a su implantación y amenaza con llevar la cuestión ante los
Tribunales de Justicia o implantar el artículo 155 de la Constitución.
En este debate está claro que hay dos posturas enfrentadas.
Por un lado se argumenta que estas actividades esconden un adoctrinamiento de
los menores, que se tratan temas que no sólo rozan sino que entran de lleno en
los principios y valores morales que deben ser inculcados por los padres (no
por los colegios) y que los progenitores tienen derecho a conocer y, en su caso
autorizar, conferencias y talleres en los que a los niños vayan a ser
informados sobre feminismo, ideología de género, diversidad sexual, relaciones
afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, etc. Por otra parte, desde el Gobierno se argumenta que la
implantación del pin parental atenta contra el derecho a la educación y la
libertad de los niños, habiéndose llegado a afirmar que se trata de un
derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento y que “no podemos pensar de ninguna de las
maneras que los hijos pertenecen a los padres”, tal y como llegó a afirmar
Isabel Celáa.
La verdad es que, independientemente de tener mi opinión
sobre el asunto, y de no estar en absoluto de acuerdo con la desafortunada
frase de la Ministra de Educación y Formación Profesional, pues considero que los padres en el ejercicio de
la patria potestad sí que tienen determinados derechos que el Estado no puede
sustraerles, lo que más me preocupa es que se esté generando esta alarma
social por el pin parental dejando de lado otras cuestiones que considero mucho
más importantes.
Yo estaría mucho más tranquila si la Ministra de Educación estuviese
escandalizada por los mediocres resultados
de nuestros estudiantes en las pruebas del Informe PISA. De hecho me
tranquilizaría mucho más que en las escuelas se reforzase la enseñanza de
ciencias y matemáticas, se potenciase el aprendizaje de idiomas, se fomentase
el hábito de la lectura, se inculcase la necesidad continua de aprender, etc.
Si, además, se dan charlas sobre primeros auxilios, seguridad vial, cambio
climático u otras materias extracurriculares pues bien, pero vamos, que la
prioridad es la prioridad y, desde luego, si se trata de cuestiones morales no
veo descabellado que los padres sean informados y puedan decidir cómo y en qué
manera se hará con sus hijos.
Y por último quiero hacer otra reflexión en alta voz.
Estamos poniendo el grito en el cielo por el pin parental alegando el derecho inalienable de los niños a ser educados, por encima
incluso del derecho de los padres a decidir, pero el derecho a la salud de los
niños no prima de igual modo. En España, las vacunas no son obligatorias y
los padres pueden decidir libremente vacunar o no a sus hijos y los
progenitores pueden incumplir el calendario de vacunación sin ningún tipo de
sanción ni reproche moral y ello pese a que la Organización Mundial de la Salud
considere los movimientos antivacunas una de las diez mayores amenazas para la
salud pública. Un niño no vacunado, lógicamente, tiene mayor riesgo a contraer
enfermedades y a contagiar a otros niños, pero el Estado en este caso no vacuna
a los niños en contra de la voluntad de sus padres. Entonces yo me pregunto ¿es más importante el derecho a la
educación que el derecho a la salud? Ahí lo dejo y que cada cual saque sus
propias conclusiones.
