Capacidad jurídica y capacidad de obrar

Legalmente, el concepto de capacidad debe desdoblarse en dos aspectos diferentes, de un lado, como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones —capacidad jurídica—, y de otro, la idoneidad para realizar válidamente actos jurídicos —capacidad de obrar—. Así, quien posea ambas, tiene capacidad civil, esto es, capacidad plena o total por la conjunción de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar.

La capacidad jurídica es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica, que está íntimamente relacionada con la personalidad, es un atributo de la persona desde el momento de su nacimiento, pues toda persona, por el mero hecho de serlo, posee capacidad jurídica, tiene la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, aunque no tenga la capacidad de obrar suficiente para ejercitarlos por sí misma.

Nuestro ordenamiento reconoce a la persona la capacidad jurídica desde el momento del nacimiento y en este sentido el artículo 30 del Código Civil determina que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Es más, y aunque el nacimiento determine el comienzo de la personalidad, según dispone el art. 29 del C.c. al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables siempre que nazca con las condiciones antes establecidas, lo que tiene una indudable importancia a efectos sucesorios.

En cuanto a las personas jurídicas, el ordenamiento reconoce su personalidad jurídica desde el momento en que nazcan a la realidad jurídica cumpliendo los requisitos establecidos legalmente para la constitución de cada tipo social. En este sentido, el art. 37 del Código Civil establece que “la capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos, y la de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuese necesario”. Por tanto, carecerán de personalidad jurídica aquellas sociedades que contravengan las disposiciones legales obligatorias, las que mantengan sus pactos reservados y secretos entre sus socios, las que no se inscriban en los Registros públicos cuando este requisito sea obligatorio, etc.

La capacidad de obrar es la aptitud o idoneidad para realizar válida y eficazmente actos jurídicos, para ejercitar derechos y asumir obligaciones. La capacidad de obrar, a diferencia de la capacidad jurídica, no corresponde a todos, sino que depende del estado civil de la persona. En principio, la capacidad de obrar se adquiere por la mayoría de edad, entendiendo que, a partir de ese momento, la persona es plenamente capaz de autorregular sus intereses.

Las restricciones a la capacidad de obrar sólo pueden provenir de la minoría de edad o de una incapacitación judicial para las personas que padezcan enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. En estos casos, el incapaz precisará la asistencia de unos representantes legales que actúen en su nombre y suplan su falta de capacidad. Existen, no obstante, otros supuestos especiales como el caso del quebrado o concursado que queda inhabilitado para la administración de sus bienes, si bien no se trata de una incapacidad en sentido estricto, pues no precisa la asistencia de un representante legal. Otro supuesto es el de las incapacidades relativas a ciertas personas para la realización de ciertos actos, que más que incapacidades en sentido técnico tienen la consideración de prohibiciones legales o incompatibilidades, por ejemplo, el ejercicio del comercio por jueces y magistrados, la compraventa de los bienes del menor sometido a tutela por sus tutores, etc.