Quien en alguna ocasión ha comprado o vendido un piso se ha
enfrentado a esta cuestión. Cuando se afronta quién va a hacerse cargo de los
gastos, el criterio general suele ser que el comprador asume todos los gastos (notariales,
registrales, etc.) a excepción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (popularmente denominado plusvalía municipal)
que suele correr por cuenta del vendedor.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), anteriormente
conocido como contribución, es un tributo
directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles y cuyo
hecho imponible es la propiedad y titularidad
de derechos (usufructo, superficie o concesión administrativa) sobre bienes
inmuebles rústicos y urbanos.
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, da
respuesta a la pregunta planteada inicialmente en su artículo 75 al tratar el
devengo del impuesto y el período impositivo, indicando que el impuesto se devengará el primer día del
período impositivo y que el período impositivo coincide con el año natural. Así pues, siguiendo la literalidad
de la ley, resultará obligado al pago del IBI quien fuese titular del inmueble a 1 de enero, es decir, el vendedor.
De este modo, da igual que la compraventa se realice en marzo que en noviembre,
puesto que el obligado legalmente es el vendedor que era el titular al inicio
del año.
Sin embargo, es posible que entre comprador y vendedor se
acuerde de forma privada otro sistema de reparto de gastos, y que sea el
comprador quien asuma el pago, pero debe quedar claro que la ley declara como sujeto obligado al vendedor.
Por otra parte, la Ley de Haciendas Locales también
establece la responsabilidad subsidiaria
del comprador quedando afectado el inmueble al pago de la deuda. En este
sentido, el artículo 64 determina que en los supuestos de cambio de titularidad de los derechos que constituyen
el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en
régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley
General Tributaria. De hecho se obliga a los Notarios a advertir de esta
circunstancia a los intervinientes en la operación.
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