La Directiva es uno
de los instrumentos jurídicos de que disponen las instituciones europeas
para aplicar las políticas de la Unión Europea. Se trata de un instrumento
flexible que se emplea principalmente como medio para armonizar las legislaciones nacionales.
Una de las características de la Directiva, por
contraposición a otros instrumentos normativos de la UE, es que obliga al Estado miembro destinatario en
cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las
autoridades nacionales la elección de la forma y medios para ello. La
peculiaridad de las Directivas es, precisamente, el tratarse de una norma
comunitaria de carácter obligatorio para los Estados destinatarios, fijando
unos objetivos o finalidades comunes que deben ser alcanzados, si bien se deja
libertad para que cada Estado elija las técnicas legales e instituciones jurídicas
para llevarlo a cabo.
Las Directivas, al igual que los Reglamentos y las Decisiones
comunitarias, deberán ser motivadas
y se referirán a las propuestas o dictámenes preceptivamente recabados. Las
directivas se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto a partir de
dicha notificación. A diferencia del Reglamento, que se aplica al Derecho
interno de los países de la UE directamente tras su entrada en vigor, la Directiva no se aplica directamente en
los países de la Unión Europea, sino que primero debe ser traspuesta a la
legislación nacional antes de que los gobiernos, empresas y particulares
puedan recurrir a ella. A diferencia de la Decisión, que va específicamente
dirigida a unos destinatarios concretos que pueden ser alguno o algunos de los
Estados miembros o los particulares, personas físicas o jurídicas, la Directiva es un texto con un ámbito de
aplicación general destinado al conjunto de países de la Unión Europea. Por
todas estas razones, las directivas se configuran como el instrumento ideal
para la armonización legislativa de la Unión Europea. Mientras los Reglamentos
pretenden la unificación legislativa, las Directivas potencian la armonización.
Las directivas carecen
de aplicabilidad directa, pues son los Estados quienes deberán
incorporarlas a su ordenamiento interno por los procedimientos y mecanismos que
estimen oportunos. Normalmente, se concede un plazo de dos años para que los
países adopten sus legislaciones internas al contenido de la Directiva. Sin
embargo, aunque en principio no gozan de
efecto directo, pueden tenerlo cuando creen derechos individuales a favor de
los ciudadanos. En estos casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ha concluido que una Directiva que no haya sido transpuesta al ordenamiento
interno puede tener efectos directos cuando la transposición a la legislación
nacional no se haya producido o se haya producido incorrectamente; las
disposiciones de la Directiva sean incondicionales y suficientemente claras y
precisas, y las disposiciones de la Directiva atribuyan derechos a los
particulares. Cuando se cumplen estas condiciones, los particulares pueden
alegar la Directiva ante los tribunales contra un país de la UE. Sin embargo,
un particular no puede alegarla al presentar una reclamación contra otro
particular en relación con el efecto directo de una Directiva si no ha sido
transpuesta.
Así pues, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
ya amparaba la posibilidad de invocar la
aplicación de la Directiva cuando haya transcurrido el período establecido para
su incorporación al ordenamiento interno, sin que ello haya tenido lugar y
se trate de derechos y prescripciones legales que no precisen un desarrollo
normativo posterior. Sin embargo, ahora, el Tribunal Constitucional va un paso
más allá y declara que las Directivas de
la Unión Europea son vinculantes antes de su transposición cuando el Estado
incumple el plazo previsto para ello. El Tribunal Constitucional argumenta
en su sentencia que es de aplicación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE), según la cual “el Estado miembro que no haya
adoptado dentro de plazo las medidas” impuestas por una Directiva, “no puede
oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la
Directiva implica”. Y ello porque “el efecto útil” de las obligaciones
impuestas a los Estados miembros por medio de una Directiva “quedaría
debilitado si a los justiciables se les impidiera invocarlo ante los Tribunales
y a éstos tenerlo en cuenta como elemento del Derecho comunitario”.
