Lo que la ley regula

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lunes, 22 de junio de 2015

Los lobbys y el fenómeno del lobbying

El lobbying es un término que deriva de lobby. Un lobby es un grupo o unidad de presión que pretende influir en las decisiones del poder legislativo o ejecutivo a favor de unos intereses específicos. La actividad que realizan estos grupos de presión se conoce como lobbying, expresión anglosajona con la que se conoce en la mayor parte de los países y que se traduce como cabildeo en los países latinoamericanos.

En una acepción amplia lobby sería cualquier grupo, grande o pequeño, que con su actuación organizada y dirigida pretendiese influir en la toma de decisiones políticas en favor de sus intereses. De una forma más estricta, y adecuada a la realidad, se identifica con las grandes empresas y los grupos de interés: financiero, inmobiliario, farmacéutico, eléctrico, etc.

El lobbying es un proceso de comunicación persuasiva con el objetivo de influir y predisponer al receptor y que se concreta en la relación con los poderes públicos. El lobbying consiste en la actividad de las relaciones públicas tendente a buscar interlocutores apropiados entre los poderes públicos para relacionarse de forma continuada, interactuar e iniciar un proceso de comunicación persuasiva con el objetivo de influir y predisponer en el poder político (legislativo y ejecutivo) para que las decisiones políticas adoptadas sean favorables. De esta forma, aunque los lobbys, o más correctamente los lobbies, no participan de forma directa en la política, sí intentan generar complicidad con grupos y conglomerados de este ámbito, para que sus decisiones les beneficien.

El lobbying es relacionarse y negociar con un público concreto de las organizaciones: el poder político, tanto el legislativo o como el ejecutivo. El lobbying puede ejercerse directamente por la organización a través de su personal propio integrado o a través de profesionales del lobbying, llamados “lobbistas”. Los lobbistas independientes, o forman parte de una agencia de servicios generales de relaciones públicas, o de un lobby, es decir, de una agencia especializada en servicios externos de lobbying. En puridad, un lobby es la oficina técnica dedicada al ejercicio del lobbying para clientes a cambio de una remuneración económica, aunque el uso popular y mediático lo ha convertido en sinónimo de grupo de presión.

La profesión de lobbista como tal no goza de una regulación específica en España, aunque sí está regulada en los países anglosajones y en la Unión Europea, teniendo en cuenta que la política comunitaria sí está influenciada por lobbys. Hoy en día se habla cada vez más del poder en ciertos grupos de influencia en el gobierno y se utiliza el término “lobbycracia” para referirse a la extensa influencia que ejercen los grupos de interés en los centros de decisión como Washington o Bruselas.

La función del lobbying es intervenir en el proceso de toma de decisiones públicas, para modificar un proyecto de norma u acto jurídico, para impulsar nuevas decisiones que cubran lagunas legales o para derogar ciertas normativas. Una campaña de lobbying persigue establecer una relación de beneficio mutuo entre las partes implicadas, que genere una percepción positiva de los intereses en juego, basada en la confianza y credibilidad de la postura defendida, y que, al mismo tiempo, dé lugar a un entorno legislativo y social favorable, condición necesaria y suficiente para alcanzar su finalidad.

Sin embargo, no siempre el lobbying logra conseguir es percepción positiva que cale en la opinión pública, ni siempre los intereses defendidos tienen un alcance general. En ciencia política, un lobby equivale a manipulación, control y gestión. Así, entre los organismos que hacen “lobbying” se encuentran los sindicatos, patronales, asociaciones civiles o grupos ecologistas que luchan porque las decisiones se tomen en base a sus propios intereses. De hecho se ha equiparado al lobbying con un “quinto poder”, más allá del cuarto poder ejercido por la prensa.

En España donde se carece de una regulación legal sobre los lobbies, y en el que la actividad del lobbying está rodeada de un halo de secretismo y oscurantismo, que roza con la corrupción, cuando no cae de lleno en ella, son bienvenidas todo tipo de iniciativas de regeneración y transparencia sobre la materia. Debemos recordar que la normativa europea no obliga a cada Estado a regular la actividad de los lobbies, y que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se limitaron a crear el Registro de Transparencia en 2011 en el que los lobbies podían inscribirse voluntariamente, suscribiendo un código de conducta y en el que figuran inscritas algunas grandes empresas españolas y colegios profesionales.

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