Derechos de tanteo y retracto y su aplicación en los arrendamientos urbanos

El derecho de tanteo, como derecho de adquisición preferente, se encuentra en íntima relación con el retracto o el derecho a favor de una persona de anular y resolver una venta o enajenación hecha a un tercero, configurándose como las dos caras de la misma moneda.

El tanteo es un derecho reconocido legal o convencionalmente a favor de una persona para adquirir con preferencia a terceros, por un mismo precio, un bien cuya enajenación a título lucrativo se pretende.

El retracto es un derecho reconocido legal o convencionalmente a favor de una persona que le faculta para anular o resolver una venta o enajenación hecha a un tercero.

El tanteo se ejerce con anterioridad a la transmisión, es el derecho que tiene una persona para ser puesto en conocimiento de la intención de transmitir un bien o derecho a un tercero, para que durante un plazo señalado pueda adquirir dicho bien por el mismo precio por el que la enajenación se pretende. Por el contrario, el retracto es la posibilidad a favor de esa misma persona para dejar sin efecto la enajenación ya consumada, es decir, el retracto se ejerce a posteriori, cuando la transmisión ya se ha efectuado.

En cualquier caso, y por su propia naturaleza, ambos derechos son excluyentes, ejercido el tanteo no puede ejercerse el retracto, y viceversa; hacer uso del derecho de retracto implica que no se ejerció en tiempo y forma el tanteo.

El derecho de tanteo, al igual que el retracto, puede ser legal, esto es, establecido por una disposición legal, o convencional, es decir, derivado de un acuerdo entre las partes.

En nuestro ordenamiento se reconoce el derecho de tanteo, entre otros, a favor del arrendatario o inquilino en los casos de venta del inmueble arrendado (art. 25 de la Ley de Arrendamiento Urbanos); a favor del titular del dominio directo y útil cuando uno de ellos pretenda la enajenación de la finca enfitéutica (art. 1.636 del Código Civil); a favor del Estado en la transmisión de bienes culturales entre particulares o de bienes pertenecientes al patrimonio histórico artístico español en subasta pública (art. 38 de la Ley del Patrimonio Histórico Español); a favor de los copropietarios de buques en el condominio naval (art. 155 de la Ley de Navegación Marítima); a favor de los socios en las transmisiones de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (art. 107 de la Ley de Sociedades de Capital), etc.

En la propia definición del artículo 1.521 del Código Civil, el retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago. Se configura pues el retracto legal como una facultad de libre ejercicio por las personas a quienes la ley les concede tan especial derecho, que deberá ejercitarse en los plazos y condiciones establecidos, y que se establece en plazos muy cortos. Por ejemplo, el artículo 1.524 del Código Civil sólo concede nueve días desde la inscripción en el Registro o, en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. Este plazo es de caducidad. El retrayente, es decir, quien hace efectivo su derecho de retracto, deberá reembolsar al adquirente cuya venta se resuelve las cantidades correspondientes al precio de la venta, los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta, así como los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida (artículo 1.518 del Código Civil).

Ejemplos de retracto legal concedidos por el ordenamiento son:

1.º El retracto de comuneros. El copropietario de una cosa común podrá ejercer este derecho en el supuesto de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos, prorrateándose según sus cuotas cuando varios comuneros estén interesados en el retracto (artículo 1.522 Código Civil).

2.º El retracto de colindantes. Los propietarios de fincas rústicas colindantes a otra de cabida menor a una hectárea, podrán ejercer el derecho de retracto cuando se pretenda la enajenación o dación en pago a un tercero (artículo 1.523 Código Civil).

3.º El retracto de coherederos. Cuando alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, los demás coherederos podrán, en el plazo de un mes, subrogarse en lugar del comprador reembolsando el precio de la compra (artículo 1.067 Código Civil).

4.º El retracto de créditos litigiosos, a favor del deudor para el supuesto de que el acreedor transmita su crédito a un tercero (art. 1.535 Código Civil).

5.º El retracto enfitéutico, a favor tanto del titular del dominio útil como del dominio directo (art. 1.636 Código Civil).

6.º El retracto a favor de inquilinos y arrendatarios (art. 25 Ley Arrendamiento Urbanos).

Sin lugar a dudas, dejando aparte el derecho de adquisición preferente de participaciones mercantiles, uno de los campos donde mayor importancia tiene el derecho de tanteo y retracto es en el de los arrendamiento urbanos, tal y como se regula en el artículo 25 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

En caso de venta de la vivienda arrendada, el arrendatario o inquilino tiene derecho de adquisición preferente sobre la misma, derecho que podrá ejercitar en el plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente en que se le notifique en forma fehaciente la decisión de vender la finca arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión. En la práctica esto supone que el propietario de la vivienda arrendada debe comunicar al inquilino la intención de poner la vivienda a la venta por un precio, por ejemplo de 200.000 euros y el arrendatario por su parte tiene un mes para comprar esa vivienda por el precio indicado.

Pero puede suceder que el arrendador incumpla esa obligación de comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda arrendada. En ese caso entra en juego el derecho de retracto. Tal y como se indica en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), podrá el arrendatario ejercer el derecho de retracto cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes condiciones esenciales.

En estos supuestos el arrendatario tiene también un plazo de 9 días naturales para ejercitar su derecho a subrogarse en la posición del nuevo adquirente previo pago del precio y demás gastos. Este derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones esenciales en que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada.

Antes de la Ley 4/2013, de 4 de junio, era válido el pacto por el cual el arrendatario renunciase a su derecho de tanteo y retracto siempre que el contrato fuese de una duración pactada superior a cinco años. Actualmente, las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente, sin importar la duración del contrato, si bien en estos casos el arrendador deberá comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa.

Silencio positivo para las reclamaciones al FOGASA no contestadas en tres meses

En una entrada anterior de agosto de 2012 ya comenté las actuales coberturas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) tanto para los supuestos de indemnizaciones por despido como para salarios devengados y no cobrados. Las coberturas actuales, aplicables desde el 15 de julio de 2012, mantienen la esencia de la necesidad de la insolvencia del empleador y, según los casos, se precisará que el trabajador presente sentencia, auto, acta de conciliación judicial o administrativa, resolución judicial o administrativa, certificación de la administración concursal, etc.

Ahora vuelvo sobre este tema para comentar la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2015. La cuestión debatida en esta sentencia, dictada en recurso de casación para unificación de doctrina, es determinar si debe entenderse estimada por silencio positivo la solicitud al Fondo de Garantía Salarial de abono del 40% de la indemnización correspondiente a un trabajador cuyo contrato se ha extinguido, por aplicación del art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, cuando la resolución expresa de dicho organismo, se dicta en plazo superior a los tres meses, y si esta resolución tardía, desestimatoria de la pretensión, carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo.

Debemos recordar que el artículo 28 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial. establece un plazo máximo de tres meses para dictar resolución a contar desde la presentación de la solicitud. Ello supone que una vez que el trabajador tiene en su poder la sentencia judicial o el auto de insolvencia del empresario y solicita del FOGASA el abono de las prestaciones, este organismo cuanta sólo con un plazo de tres meses para resolver, es decir, para dictar una resolución en la que diga si el trabajador tiene o no derecho a cobrar. En la práctica, este plazo de tres meses se está traduciendo en plazos de 12, 18 y hasta 24 meses, y luego otro tanto de espera para que efectivamente se perciba el cobro.

Pues bien, varios Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia ya se habían pronunciado a favor del silencio positivo entendiendo que si el FOGASA no resolvía en el plazo de tres meses debería entenderse estimada la solicitud por no haberse formulado resolución expresa y, además, en caso de que posteriormente se dictase una resolución expresa, ésta sólo podría ser confirmatoria del acto presunto, todo ello fundamentado en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina no ha hecho más que reforzar esa tesis y de ello se traducen con consecuencias directas.

La primera es que todas las peticiones formuladas al FOGASA hace más de tres meses y que no hayan sido contestadas expresamente deben entenderse admitidas y estimadas, es decir, el FOGASA pagará aun cuando faltase algún requisito.

La segunda consecuencia es que cuando el FOGASA dicte una resolución denegatoria de la prestación transcurridos tres meses y un día desde la presentación de la solicitud, el trabajador está perfectamente legitimado para recurrir ante los Juzgados de lo Social que le darán la razón y obligarán al FOGASA a pagar, puesto que al haberse excedido de los tres meses en la resolución la resolución no puede ser más que confirmatoria del acto presunto, es decir, confirmatoria del acto ya aprobado por silencio positivo.

Solve et repete: paga y reclama

La expresión “solve et repete” es una locución latina que se podría traducir como “paga y reclama” o lo que es más exacto aún, primero pagas y luego reclamas.

En realidad, solve et repete es un principio que ha inspirado nuestro ordenamiento jurídico tributario, en virtud del cual con carácter previo a cualquier reclamación de orden tributario (económico-administrativa, contencioso-administrativa, judicial, etc.) es preciso pagar el importe de la deuda o cantidad objeto de reclamación.

Actualmente se considera que el principio de solve et repete atenta contra el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y se tiende a su sustitución por un aval bancario por importe suficiente para garantizar el principal y los intereses de la cantidad debida. Sin embargo, en la práctica la situación no ha variado demasiado pues el banco para prestar el aval bancario procederá a una retención en la cuenta por un importe equivalente y el avalado también deberá afrontar los gastos del aval.

Debemos recordar que las entidades financieras al conceder un aval aplicarán generalmente tres tipos de comisiones: la comisión de estudio de la operación (porcentaje sobre el importe solicitado con un mínimo por operación); la comisión por la formalización o apertura del aval (porcentaje sobre la cuantía del aval con un mínimo por operación) y la comisión por riesgo (porcentaje sobre la cantidad avalada que dependerá del plazo, la solvencia del deudor y el riesgo que la entidad cree que asume).

Por tanto, si con la aplicación literal del solve et repete había contribuyentes que no reclamaban por la imposibilidad de hacer el pago previo, actualmente existen también muchos casos de personas y pequeñas empresas que no reclaman a la Administración por no poder hacer frente a los costes del aval.

Últimos días para identificarse con DNI ante los bancos

Aunque la ley concedía un plazo de cinco años para que las entidades financieras se hiciesen con una copia digitalizada del DNI de sus clientes, el plazo se cumple ya y todavía se calcula que quedan siete millones de cuentas sin identificar.

La raíz de esta obligación hay que buscarla en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29-4-2010), que en su disposición transitoria séptima obligaba a que en un plazo máximo de cinco años —plazo que expira el próximo 30 de abril de 2015— las entidades aplicasen a todos sus clientes ya existentes las medidas de diligencia debida (identificación del titular real de la operación, información sobre el propósito de la relación de negocios, etc.)

Con carácter general la Ley obliga a recabar el documento de identificación, ya sea el Documento Nacional de Identidad (DNI), el Número de Identidad de Extranjero (NIE), el pasaporte o documento de identificación del país de origen. Pero, además, el determinados supuestos puede solicitar otra información adicional como la Declaración de Actividad Económica, que es un documento donde se recogen las manifestaciones relativas a la actividad económica del cliente (trabajador por cuenta ajena, autónomo, jubilado, etc.) o el documento que acredite la actividad económica profesional, por ejemplo, ejemplar de la nómina, declaración trimestral del IRPF, copia del modelo 036 de lata en el censo de obligados tributarios, etc.

La consecuencia es que las entidades de crédito y otras entidades financieras como la financiera El Corte Inglés, estén en estos días haciendo llegar a sus clientes por tierra, mar y aire todo tipo de comunicaciones (correo postal, correos electrónicos, SMS, etc.) para cumplir la normativa instando a que se presenten en sus oficinas para que se digitalice el documento nacional de identidad o habilitando alguna dirección de correo electrónico para facilitar el envío del DNI escaneado.

En caso de que la entidad no tenga antes del 30 de abril de 2015 la correcta identificación del cliente y la copia digitalizada de su documento de identificación (DNI, NIE, pasaporte o documento del país de origen) vendrá obligada a bloquear la cuenta bancaria y, automáticamente, vedada la posibilidad de efectuar nuevos ingresos o reintegros. Lógicamente, esta medida de bloqueo se desactivará cuando se presente la copia digitalizada del documento de identificación para lo cual se concede un plazo excepcional de tres meses, es decir, hasta finales del mes de julio.

Tratamiento fiscal de los servicios prestados por socios profesionales

Una cuestión que no está del todo clara es el tratamiento fiscal de la remuneración de los socios profesionales, esto es, los socios que, además, prestan servicios a la sociedad, debiendo decidir si lo hacen como trabajadores de la misma o como terceros emitiendo la correspondiente factura por los servicios prestados. Esta cuestión está siendo debatida desde que la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, diera nueva redacción al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Art. 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas. 1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.

No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

La redacción del párrafo tercero del artículo 27.1 de la Ley del IRPF planteaba al duda de qué socios podían ser trabajadores y tener una nómina en la sociedad y qué socios son profesionales o empresarios y deben facturar a la sociedad por sus trabajos y cómo deben éstos facturar IVA a la sociedad.

Para dar respuesta a esta cuestión la AEAT dictó una nota sobre la incidencia del IVA en la calificación del rendimiento obtenido por socios profesionales como procedente de actividad económica, y también la DGT ha contestado a varias consultas sobre este tema. Las conclusiones de la Administración Tributaria en este punto son que para que las retribuciones del socio se consideren rendimientos de actividades económicas en el IRPF y, por tanto, el socio deba emitir factura a la sociedad se exigen determinadas circunstancias:

· Que el socio pertenezca a la sociedad. Esta sociedad puede ser una sociedad profesional o de otro tipo, p. ej. sociedad anónima o limitada.

· Que la actividad realizada por el socio esté incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Este requisito se exige tanto de la actividad del socio como de la sociedad, con independencia de que el socio esté dada de alta o no en el IAE.

· Que la actividad que desarrolle el socio sea la misma que la de la sociedad.

· Que el socio esté dado de alta en el RETA (régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos) o, en su caso, en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al RETA.

De este modo, cuando se cumplan estos requisitos estaremos en presencia de un socio que es empresario o profesional (no empleado por cuenta ajena) y que está obligado a facturar a la sociedad por sus servicios. Tal sería el caso, por ejemplo, de un abogado socio de una sociedad limitada cuyo objeto social es la asesoría de empresas y en la que el abogado presta servicios de consultoría y abogacía, estando dado de alta en el RETA.

En cuanto a la obligación de facturar con IVA a la sociedad, la AEAT hace referencia a que el concepto de empresario o profesional a efectos del IVA se encuentra armonizado a nivel europeo, por lo que el tratamiento fiscal nacional de los ingresos percibidos por el contribuyente no es determinante a la hora de calificar sus actividades como actividades económicas. Para ello se centra en dos aspectos importantes:

· El hecho de que el rendimiento obtenido por el socio se califique como actividad profesional en IRPF en base a su inclusión en el RETA no implica que automáticamente sea sujeto pasivo del IVA. Desde luego se trata de un indicio importante, pero no todos los sujetos que realizan actividades profesionales son sujetos pasivos del IVA.

· Cuando el socio ordena por cuenta propia factores de producción para el desarrollo de su actividad profesional, las prestaciones de servicios efectuadas por el mismo a la sociedad estarán sujetas al IVA. La calificación como empresario o profesional, fiscalmente, tanto a efectos del IRPF como del IVA, supondrá que deberá estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores mediante la presentación de la correspondiente declaración censal y, además, como sujeto pasivo del IVA estará obligado a emitir factura por los servicios prestados a la sociedad, o en su caso, a los clientes de la misma y presentar las autoliquidaciones de IVA correspondientes.

Por el contrario, cuando la relación socio-sociedad debe calificarse como laboral por concurrir las notas de dependencia y ajenidad, los servicios prestados por el socio a la sociedad estarán no sujetos al IVA en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.5º LIVA.

Dimensiones del producto: básico, esperado, ampliado y potencial

En marketing se puede definir el producto como todo aquello que pueda ofrecerse al mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. De esta definición es importante destacar la expresión “todo aquello” de modo que donde hay una necesidad no cubierta o una necesidad mal atendida hay una oportunidad para que haya un producto. De hecho, los productos objetos de marketing incluyen bienes físicos, servicios, experiencias, acontecimientos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas. Así, puede considerarse un producto en marketing un bote de leche en polvo, una aplicación informática, una cuenta bancaria, una agencia de seguros, el asesoramiento de un abogado, un concierto de música, un partido político, etc., es decir, existe un concepto bastante amplio de producto.

Asimismo es importante destacar que todas esas posibilidades de producto están sometidas a relaciones de intercambio, con o sin contraprestación dineraria, y pueden y deben ser objeto de la aplicación de técnicas de marketing.

Kotler ha desarrollado más el concepto de producto y ha identificado varios niveles o dimensiones de producto

Dimensiones del producto
Producto básico	Producto o servicio básico buscado por los consumidores.
Producto esperado	Conjunto de atributos que los consumidores “esperan” del producto.
Producto ampliado	Servicios, beneficios y características que “sobrepasan” el producto.
Producto potencial	Mejoras a incorporar al producto en el futuro.

 · Producto básico, genérico o sustancial. El producto básico o sustancial es aquel servicio o beneficio básico que los consumidores buscan cuando compran el producto. Se trata de un producto genérico que satisface una necesidad básica del mercado. Por ejemplo, unas pastillas de caldo de gallina para cocinar o un billete de avión para volar.

· Producto esperado. El producto esperado es el conjunto de atributos y condiciones que los compradores habitualmente esperan cuando compran el producto. Siguiendo con los ejemplos anteriores, al comprar las pastillas de caldo se espera que sazonen la comida y al comprar el billete se espera un traslado de un lugar a otro.

· Producto ampliado, mejorado o aumentado. Es el producto que sobrepasa en alguna característica las expectativas de los consumidores y que distinguen el producto del de los competidores. Por ejemplo, podría ser unas pastillas de caldo con finas hierbas o un vuelo en el que te ofrecen un servicio de catering exclusivo.

Mientras que el producto esperado es el que simplemente cumple con las expectativas mínimas de los consumidores, el producto ampliado tiene unas características propias o servicios accesorios que permiten su diferenciación de otros. Este producto mejorado surge en muchas ocasiones del desarrollo de servicios asociados al producto básico, dando así beneficios mejorados que, con el tiempo, son igualados por los competidores convirtiéndose así en “beneficios esperados y en factores de similitud necesarios”.

Esta tendencia a aumentar el producto permite a las empresas que la siguen poder aumentar el precio de su producto de forma paulatina, precisamente a medida que van introduciendo estas mejoras, pero también deja al descubierto el flanco del producto básico, pues empresas competidoras recurren precisamente a llenar este hueco (abandonado por las sucesivas mejoras) con productos básicos a precios competitivos. Sería el caso de las compañías aéreas de bajo coste en las que el servicio básico del vuelo está garantizado, pero han abandonado los servicios accesorios que ya son esperados como casi normales (facturación gratuita de maletas, comida en el avión, etc.)

· Producto potencial. Es el producto formado por todas aquellas mejoras que se podrían incorporar al producto en el futuro. Son atributos o servicios que todavía no tiene el producto y que podría tener en el futuro. Por ejemplo, pastillas de caldo enriquecidas con finas hierbas y otras especies o vuelos de avión con posibilidad de simular la actuación del piloto.

Exención de tasas judiciales para las comunidades de propietarios

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, estableció el régimen jurídico del pago de las tasas judiciales al que quedaban sujetas las personas físicas. Sin embargo, ahora, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, entre sus medidas incluye la de declarar exentas a las personas físicas del pago de las tasas judiciales.

Este punto que está claro para las personas físicas (anteriormente sujeción y actualmente exención), no lo está tanto para las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, al no establecerse un criterio legal. Sin embargo vamos a hacernos eco de algunas consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos que aclaran la cuestión. Así, de forma paralela a las personas físicas, las comunidades de propietarios que anteriormente estaban sujetas a al pago de tasas judiciales ahora, tras la publicación del RDL 1/2015, también estarán exentas.

En primer lugar debemos referirnos a algunas contestaciones emitidas por la Dirección General de Tributos en 2013 donde se abogaba por la aplicabilidad de las tasas judiciales a las comunidades de propietarios:

 «Esta Dirección General, en el marco de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, consideró que las Comunidades de Propietarios estaban exentas del pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, en tanto en cuanto las reclamaciones que interponen como tales "son instadas por personas físicas en nombre y representación de los copropietarios, lo que lleva a asimilar su régimen propio al de aquellas", exentas de acuerdo con la Ley 53/2002.

Dado que no existe una previsión genérica de exención para las personas físicas en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal quedan sujetas sin exención al pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social que establece la citada Ley.

De acuerdo con lo anterior, habrá de aplicarse el tipo variable del 0,10% con el límite de 2000 euros, conforme con lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley 10/2012.»

El argumento utilizado por la DGT en esta consulta para justificar el pago de tasas judiciales por las comunidades de propietarios al asimilar el régimen de las comunidades al de las personas físicas, es el mismo que utiliza ahora la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V0790-15, de 12 de marzo de 2015, donde rectifica el criterio anterior y declara la exención del pago de tasas judiciales a las comunidades de propietarios.

 «Con la entrada en vigor, el pasado 1 de marzo, del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, la nueva letra a) del artículo 4.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, deja exentas a las personas físicas en la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y, como lógica consecuencia, se suprime el apartado 3 del artículo 7 de dicha Ley en cuanto preveía, hasta la citada fecha, un tipo adicional para la fijación de la cuota variable de la tasa en cuento el sujeto pasivo fuera persona física.

A la vista de ambas modificaciones legales y del hecho de que las Comunidades de Propietarios carecen de personalidad jurídica propia, es necesario reconsiderar el criterio sostenido en nuestra contestación V1479-13, con registro de salida 26 de abril, resultando de ello que procede la exención en la tasa de los propietarios personas físicas en tanto en cuanto actúen a través de la Junta Directiva de la Comunidad y, en particular, de su Presidente.»