Cartas de patrocinio

Las cartas de patrocinio o cartas de intención (comfort letters, letters of comfort, letters of responsibility, letter of support, letter of awareness) son una modalidad especial de garantía entre sociedades frente a un tercero con distintos grados de eficacia. Concretamente se trata de una forma específica de garantía otorgada por las sociedades matrices frente a sus sociedades filiales para garantizar las operaciones de crédito concertadas por éstas, generalmente con entidades de crédito.

En realidad se trata de un documento en el que se contiene una “declaración de intenciones” firmada por la sociedad matriz y dirigida a una entidad financiera que ha concedido una operación de crédito a alguna o algunas de las filiales de la sociedad dominante. Mediante la carta de patrocinio la sociedad cabecera de grupo declara a la entidad financiera que de una u otra forma asegura el buen fin de la operación crediticia de su filial.

Sin embargo, no todas las cartas de patrocinio son iguales, no todas tienen la misma fuerza vinculante, ni la misma eficacia en cuanto a la garantía prestada. Mientras algunas cartas de patrocinio otorgan una auténtica garantía, obligándose la sociedad dominante a indemnizar al banco en caso de incumplimiento de su sociedad participada (cartas fuertes), otras, en cambio, no suponen una fianza, aval ni otra garantía convencional, sino más bien de una simple “declaración de intenciones” de la empresa dominante en relación con su filial (cartas débiles), y roza más el ámbito de la “obligación moral” y de los “pactos entre caballeros” (gentelman agreement) que de una auténtica operación de garantía, aunque en estos casos siguen gozando de gran predicamento por la “solvencia moral” que presta la sociedad dominante.

El origen de las comfort letters se encuentra en el derecho anglosajón, que es donde primeramente comenzaron a utilizarse por los grandes grupos de sociedades para respaldar las operaciones crediticias de sus sociedades participadas, pero actualmente ya están cobrando carta de naturaleza en el derecho continental, tanto en operaciones nacionales como internacionales, que es donde con mayor frecuencia se utilizan.

Las comfort letters no tienen una regulación legal en todos los ordenamientos internos. De hecho, no la tiene en el ordenamiento jurídico español, y ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que ha ido asentando los criterios para distinguir entre cartas de patrocinio “fuertes” y “débiles”. Así, se entiende que para que una carta de patrocinio sea considerada como fuerte y con auténtica fuerza vinculante como garantía debe cumplir los siguientes requisitos:

1) Debe existir una intención del patrocinador (sociedad matriz) de asumir una obligación de prestar apoyo financiero a su patrocinada (sociedad filial) o de contraer deberes positivos de cooperación para que ésta pueda cumplir sus compromisos y hacer efectivas las prestaciones frente al destinatario de la carta (tercero favorecido).

2) Debe existir una relación obligacional clara, sin expresiones equívocas.

3) El firmante de la carta (apoderado o representante legal) debe tener facultades para obligar al patrocinador en un contrato análogo al de fianza.

4) Las expresiones y terminología de la carta deben ser determinantes para la conclusión de la operación que el patrocinado pretenda realizar.

5) La relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito propio de las relaciones sociedad matriz – sociedad filial.

Las cartas de confort, en realidad, se configuran como garantías personales en las que una sociedad dominante de un grupo económico efectúa declaraciones de diferente tipo en relación a sus sociedades dependientes.

La eficacia jurídica de las mismas dependerá, lógicamente, del grado de compromiso adquirido por la sociedad matriz frente a la entidad financiera, que como hemos apuntado puede ir desde una simple declaración con dudosa vinculación contractual más próxima a la obligación moral y los pactos entre caballeros que sólo implicarían en el mejor de los casos una responsabilidad extracontractual, hasta un auténtico compromiso similar al aval que podría encuadrarse como promesa de hecho ajeno o contrato a favor de tercero, principalmente en aquellas que se contienen compromisos que garantizan resultados a través de la intervención de la sociedad matriz.

El incremento del uso de las cartas de patrocinio en las transacciones internacionales se debe principalmente a las ventajas que las sociedades cabecera de grupo obtienen mediante esta fórmula de garantía al no comprometer directamente sus recursos propios, lo que se traduce en una mejora de sus balances, ventaja que también se suma a la del ahorro de costes administrativos y fiscales que conllevan frente a otras garantías convencionales. Por su parte, las entidades financieras aprecian en estas letras de confort una garantía personal de la sociedad matriz que compromete su buen nombre y reconocido prestigio en las operaciones de sus filiales.

Business angels

El término anglosajón Business Angel hace referencia a una persona particular que, a título privado, invierte parte de su patrimonio en una nueva empresa y comparte sus conocimientos técnicos, experiencia, habilidades directivas y red de contactos con un emprendedor. Se trata de una inversión financiera con un plus de valor añadido (conocimientos, experiencia, credibilidad, contactos, etc.), por eso se habla de “capital inteligente”. La inversión generalmente se centra en las primeras fases del proyecto empresarial, es decir, capital semilla (seed) y puesta en marcha (start-up).

El origen de la denominación de Business Angel (BA) se cree que deriva del mundo del teatro en la década de los años veinte del siglo pasado cuando inversores particulares hacían posible el montaje y estreno de una obra de teatro y se decía que esa obra tenía “angel”. De ahí se extendió al mundo empresarial.

Los Business Angels, también denominados “inversores informales” son particulares con recursos económicos que invierten directamente en empresas de nueva creación o empresas jóvenes y no cotizadas en fase de crecimiento (financiación inicial) a las que proporcionan asesoramiento, normalmente a cambio de una participación en acciones de la empresa, aunque también pueden ofrecer otro tipo de financiación a largo plazo. Se trata de emprendedores experimentados, que arriesgan su dinero a cambio de una participación en el capital de la empresa y se implican personalmente en su gestión para incrementar su valor.

Normalmente los nuevos proyectos empresariales que recurren a la figura del business angel lo hacen porque no pueden acudir a la financiación tradicional y encuentran en la figura del inversor privado no sólo la fuente de financiación necesaria para el arranque de su nueva empresa sino también el acceso a una experiencia empresarial, un saber hacer (know-how) del empresario consolidado y, por qué no decirlo, una red de contactos, una tarjeta de presentación y un respaldo y credibilidad que proporciona la figura del business angel.

Los Business Angels financian operaciones de muy amplio rango de inversión. Hay operaciones de inversión desde 10.000 euros a inversiones de 300.000 euros o más. Generalmente la inversión se realiza en empresas con altas perspectivas de crecimiento y que permitan un rápido retorno de la inversión, pues normalmente la desinversión se materializará en un plazo entre tres, cinco o siete años.

Aunque los Business Angels tienen como característica común el hecho de arriesgar dinero en una empresa para posteriormente vender su participación con la esperanza de obtener una ganancia futura, sus objetivos, antecedentes personales, preferencias de inversión, rentabilidad esperada, etc. varían entre ellos. Teniendo en cuenta estos factores se tiende a clasificarlos en los siguientes tipos:

· Virgin Angel. Persona con fondos disponibles en busca de su primera inversión pero que no han encontrado la propuesta adecuada. Su objetivo principal es la obtención de una rentabilidad superior a la del mercado de valores, aunque en ocasiones también un empleo para ellos mismos y una fuente extra de ingresos.

· Latent Angel. Persona con gran disposición de fondos que ya han realizado inversiones como business angel anteriormente aunque no en los últimos tres años al no haber encontrado proyectos adecuados. Su objetivo principal es obtener una alta rentabilidad para su inversión, y, en menor medida, un trabajo u ocupación.

· Wealth Maximising Angel. Persona con grandes recursos y experiencia en negocios que en la actualidad tiene varias inversiones en start-ups y cuyos objetivos se centran en la obtención de ganancias y trabajo.

· Entrepreneur Angel. Persona con grandes recursos, activo y experimentado como empresario y como business angel que busca obtener ganancias financieras con su inversión pero también satisfacción personal.

· Income Seeking Angel. Inversor activo pero que suele invertir cantidades menores que los otros tipos de business angels y cuyo objetivo de inversión suele ser la búsqueda de ingresos y un empleo para él.

· Corporate Angel. Compañías o directores de empresas que realizan inversiones tipo angel y que generalmente se conforman con ganancias inferiores a las buscadas por los business angels individuales.

Básicamente, de las tipologías anteriormente expuestas se desprende que en función del papel que desempeñan en la empresa podemos distinguir cuatro tipos de business angels: empresariales (directivos o ejecutivos en activo o pre-jubilados o jubilados recientes que se involucran directamente en la actividad y gestión de la nueva empresa en la que invierten); trabajadores (directivos que han sufrido un despido laboral, ejecutivos que pretenden dar un giro profesional, prejubilados que todavía pretenden seguir en activo a través de la empresa en la que invierten); consultores (ejecutivos y profesionales en activo que más que la inversión económica proporcionan su asesoramiento, saber hacer y red de contactos) y financieros (se centran principalmente en la inversión económica y en asegurarse un retorno de la inversión, dejando en un segundo plano la gestión de la empresa).

La figura del business angel se identifica con la de una persona que invierte su dinero en la nueva empresa a la que también presta su asesoramiento y experiencia. Actualmente también debemos referirnos no sólo a inversores particulares sino también a otro tipo de estructuras como asociaciones, redes de inversores, clubes de inversión, family offices, fundaciones, etc. De hecho, la diversidad y profusión de empresas nacientes ha desembocado en las «Business Angel Networks» (bans) o redes de inversión, que funcionan como catalizadores de dos posiciones básicas: por un lado, la oferta, y, por el otro, la demanda de capital, constituyéndose en punto de encuentro entre inversores y emprendedores, facilitando la canalización de proyectos. A continuación se proporcionan algunos enlaces de interés:

· Red Europea de Business Angels - European Business Angel Network

· Red Española de Business Angels

· Asociación Española de Business Angels

· Red de Inversores Angel para la Innovación – INNOBAN

· Red de Inversores Privados del IESE

· Club de Emprendedores e Inversores de ESADE ALUMNI - ESADEBAN

· Realiza Business Angels

· Fundación para el Conocimiento Madri+d

· Big Ban Angels, vinculada a la Universidad Politécnica de Valencia

· aBAnza, iniciativa de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora

· EIX Technova– Entrepeneur Investor Exchange, como Red de Inversores Privados del Parque Tecnológico LaSalle de Barcelona

· Red Asturiana de Business Angels

· Red Cántabra de Business Angels

· Red de Inversores Privados del Círculo de Empresarios de Galicia – RedInvest

· Red de Business Angels de Castilla-La Mancha

· BusinessAngels Crecer+, iniciativa Orkestra del Instituto Vasco de Competitividad de la Fundación Deusto

· BAIA, Red de Business Angels impulsada por la Federación de Empresarios del Metal del sector industrial andaluz

Derechos de tanteo y retracto y su aplicación en los arrendamientos urbanos

El derecho de tanteo, como derecho de adquisición preferente, se encuentra en íntima relación con el retracto o el derecho a favor de una persona de anular y resolver una venta o enajenación hecha a un tercero, configurándose como las dos caras de la misma moneda.

El tanteo es un derecho reconocido legal o convencionalmente a favor de una persona para adquirir con preferencia a terceros, por un mismo precio, un bien cuya enajenación a título lucrativo se pretende.

El retracto es un derecho reconocido legal o convencionalmente a favor de una persona que le faculta para anular o resolver una venta o enajenación hecha a un tercero.

El tanteo se ejerce con anterioridad a la transmisión, es el derecho que tiene una persona para ser puesto en conocimiento de la intención de transmitir un bien o derecho a un tercero, para que durante un plazo señalado pueda adquirir dicho bien por el mismo precio por el que la enajenación se pretende. Por el contrario, el retracto es la posibilidad a favor de esa misma persona para dejar sin efecto la enajenación ya consumada, es decir, el retracto se ejerce a posteriori, cuando la transmisión ya se ha efectuado.

En cualquier caso, y por su propia naturaleza, ambos derechos son excluyentes, ejercido el tanteo no puede ejercerse el retracto, y viceversa; hacer uso del derecho de retracto implica que no se ejerció en tiempo y forma el tanteo.

El derecho de tanteo, al igual que el retracto, puede ser legal, esto es, establecido por una disposición legal, o convencional, es decir, derivado de un acuerdo entre las partes.

En nuestro ordenamiento se reconoce el derecho de tanteo, entre otros, a favor del arrendatario o inquilino en los casos de venta del inmueble arrendado (art. 25 de la Ley de Arrendamiento Urbanos); a favor del titular del dominio directo y útil cuando uno de ellos pretenda la enajenación de la finca enfitéutica (art. 1.636 del Código Civil); a favor del Estado en la transmisión de bienes culturales entre particulares o de bienes pertenecientes al patrimonio histórico artístico español en subasta pública (art. 38 de la Ley del Patrimonio Histórico Español); a favor de los copropietarios de buques en el condominio naval (art. 155 de la Ley de Navegación Marítima); a favor de los socios en las transmisiones de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (art. 107 de la Ley de Sociedades de Capital), etc.

En la propia definición del artículo 1.521 del Código Civil, el retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago. Se configura pues el retracto legal como una facultad de libre ejercicio por las personas a quienes la ley les concede tan especial derecho, que deberá ejercitarse en los plazos y condiciones establecidos, y que se establece en plazos muy cortos. Por ejemplo, el artículo 1.524 del Código Civil sólo concede nueve días desde la inscripción en el Registro o, en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. Este plazo es de caducidad. El retrayente, es decir, quien hace efectivo su derecho de retracto, deberá reembolsar al adquirente cuya venta se resuelve las cantidades correspondientes al precio de la venta, los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta, así como los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida (artículo 1.518 del Código Civil).

Ejemplos de retracto legal concedidos por el ordenamiento son:

1.º El retracto de comuneros. El copropietario de una cosa común podrá ejercer este derecho en el supuesto de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos, prorrateándose según sus cuotas cuando varios comuneros estén interesados en el retracto (artículo 1.522 Código Civil).

2.º El retracto de colindantes. Los propietarios de fincas rústicas colindantes a otra de cabida menor a una hectárea, podrán ejercer el derecho de retracto cuando se pretenda la enajenación o dación en pago a un tercero (artículo 1.523 Código Civil).

3.º El retracto de coherederos. Cuando alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, los demás coherederos podrán, en el plazo de un mes, subrogarse en lugar del comprador reembolsando el precio de la compra (artículo 1.067 Código Civil).

4.º El retracto de créditos litigiosos, a favor del deudor para el supuesto de que el acreedor transmita su crédito a un tercero (art. 1.535 Código Civil).

5.º El retracto enfitéutico, a favor tanto del titular del dominio útil como del dominio directo (art. 1.636 Código Civil).

6.º El retracto a favor de inquilinos y arrendatarios (art. 25 Ley Arrendamiento Urbanos).

Sin lugar a dudas, dejando aparte el derecho de adquisición preferente de participaciones mercantiles, uno de los campos donde mayor importancia tiene el derecho de tanteo y retracto es en el de los arrendamiento urbanos, tal y como se regula en el artículo 25 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

En caso de venta de la vivienda arrendada, el arrendatario o inquilino tiene derecho de adquisición preferente sobre la misma, derecho que podrá ejercitar en el plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente en que se le notifique en forma fehaciente la decisión de vender la finca arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión. En la práctica esto supone que el propietario de la vivienda arrendada debe comunicar al inquilino la intención de poner la vivienda a la venta por un precio, por ejemplo de 200.000 euros y el arrendatario por su parte tiene un mes para comprar esa vivienda por el precio indicado.

Pero puede suceder que el arrendador incumpla esa obligación de comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda arrendada. En ese caso entra en juego el derecho de retracto. Tal y como se indica en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), podrá el arrendatario ejercer el derecho de retracto cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes condiciones esenciales.

En estos supuestos el arrendatario tiene también un plazo de 9 días naturales para ejercitar su derecho a subrogarse en la posición del nuevo adquirente previo pago del precio y demás gastos. Este derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones esenciales en que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada.

Antes de la Ley 4/2013, de 4 de junio, era válido el pacto por el cual el arrendatario renunciase a su derecho de tanteo y retracto siempre que el contrato fuese de una duración pactada superior a cinco años. Actualmente, las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente, sin importar la duración del contrato, si bien en estos casos el arrendador deberá comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa.

Silencio positivo para las reclamaciones al FOGASA no contestadas en tres meses

En una entrada anterior de agosto de 2012 ya comenté las actuales coberturas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) tanto para los supuestos de indemnizaciones por despido como para salarios devengados y no cobrados. Las coberturas actuales, aplicables desde el 15 de julio de 2012, mantienen la esencia de la necesidad de la insolvencia del empleador y, según los casos, se precisará que el trabajador presente sentencia, auto, acta de conciliación judicial o administrativa, resolución judicial o administrativa, certificación de la administración concursal, etc.

Ahora vuelvo sobre este tema para comentar la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2015. La cuestión debatida en esta sentencia, dictada en recurso de casación para unificación de doctrina, es determinar si debe entenderse estimada por silencio positivo la solicitud al Fondo de Garantía Salarial de abono del 40% de la indemnización correspondiente a un trabajador cuyo contrato se ha extinguido, por aplicación del art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, cuando la resolución expresa de dicho organismo, se dicta en plazo superior a los tres meses, y si esta resolución tardía, desestimatoria de la pretensión, carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo.

Debemos recordar que el artículo 28 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial. establece un plazo máximo de tres meses para dictar resolución a contar desde la presentación de la solicitud. Ello supone que una vez que el trabajador tiene en su poder la sentencia judicial o el auto de insolvencia del empresario y solicita del FOGASA el abono de las prestaciones, este organismo cuanta sólo con un plazo de tres meses para resolver, es decir, para dictar una resolución en la que diga si el trabajador tiene o no derecho a cobrar. En la práctica, este plazo de tres meses se está traduciendo en plazos de 12, 18 y hasta 24 meses, y luego otro tanto de espera para que efectivamente se perciba el cobro.

Pues bien, varios Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia ya se habían pronunciado a favor del silencio positivo entendiendo que si el FOGASA no resolvía en el plazo de tres meses debería entenderse estimada la solicitud por no haberse formulado resolución expresa y, además, en caso de que posteriormente se dictase una resolución expresa, ésta sólo podría ser confirmatoria del acto presunto, todo ello fundamentado en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina no ha hecho más que reforzar esa tesis y de ello se traducen con consecuencias directas.

La primera es que todas las peticiones formuladas al FOGASA hace más de tres meses y que no hayan sido contestadas expresamente deben entenderse admitidas y estimadas, es decir, el FOGASA pagará aun cuando faltase algún requisito.

La segunda consecuencia es que cuando el FOGASA dicte una resolución denegatoria de la prestación transcurridos tres meses y un día desde la presentación de la solicitud, el trabajador está perfectamente legitimado para recurrir ante los Juzgados de lo Social que le darán la razón y obligarán al FOGASA a pagar, puesto que al haberse excedido de los tres meses en la resolución la resolución no puede ser más que confirmatoria del acto presunto, es decir, confirmatoria del acto ya aprobado por silencio positivo.

Solve et repete: paga y reclama

La expresión “solve et repete” es una locución latina que se podría traducir como “paga y reclama” o lo que es más exacto aún, primero pagas y luego reclamas.

En realidad, solve et repete es un principio que ha inspirado nuestro ordenamiento jurídico tributario, en virtud del cual con carácter previo a cualquier reclamación de orden tributario (económico-administrativa, contencioso-administrativa, judicial, etc.) es preciso pagar el importe de la deuda o cantidad objeto de reclamación.

Actualmente se considera que el principio de solve et repete atenta contra el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y se tiende a su sustitución por un aval bancario por importe suficiente para garantizar el principal y los intereses de la cantidad debida. Sin embargo, en la práctica la situación no ha variado demasiado pues el banco para prestar el aval bancario procederá a una retención en la cuenta por un importe equivalente y el avalado también deberá afrontar los gastos del aval.

Debemos recordar que las entidades financieras al conceder un aval aplicarán generalmente tres tipos de comisiones: la comisión de estudio de la operación (porcentaje sobre el importe solicitado con un mínimo por operación); la comisión por la formalización o apertura del aval (porcentaje sobre la cuantía del aval con un mínimo por operación) y la comisión por riesgo (porcentaje sobre la cantidad avalada que dependerá del plazo, la solvencia del deudor y el riesgo que la entidad cree que asume).

Por tanto, si con la aplicación literal del solve et repete había contribuyentes que no reclamaban por la imposibilidad de hacer el pago previo, actualmente existen también muchos casos de personas y pequeñas empresas que no reclaman a la Administración por no poder hacer frente a los costes del aval.

Últimos días para identificarse con DNI ante los bancos

Aunque la ley concedía un plazo de cinco años para que las entidades financieras se hiciesen con una copia digitalizada del DNI de sus clientes, el plazo se cumple ya y todavía se calcula que quedan siete millones de cuentas sin identificar.

La raíz de esta obligación hay que buscarla en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29-4-2010), que en su disposición transitoria séptima obligaba a que en un plazo máximo de cinco años —plazo que expira el próximo 30 de abril de 2015— las entidades aplicasen a todos sus clientes ya existentes las medidas de diligencia debida (identificación del titular real de la operación, información sobre el propósito de la relación de negocios, etc.)

Con carácter general la Ley obliga a recabar el documento de identificación, ya sea el Documento Nacional de Identidad (DNI), el Número de Identidad de Extranjero (NIE), el pasaporte o documento de identificación del país de origen. Pero, además, el determinados supuestos puede solicitar otra información adicional como la Declaración de Actividad Económica, que es un documento donde se recogen las manifestaciones relativas a la actividad económica del cliente (trabajador por cuenta ajena, autónomo, jubilado, etc.) o el documento que acredite la actividad económica profesional, por ejemplo, ejemplar de la nómina, declaración trimestral del IRPF, copia del modelo 036 de lata en el censo de obligados tributarios, etc.

La consecuencia es que las entidades de crédito y otras entidades financieras como la financiera El Corte Inglés, estén en estos días haciendo llegar a sus clientes por tierra, mar y aire todo tipo de comunicaciones (correo postal, correos electrónicos, SMS, etc.) para cumplir la normativa instando a que se presenten en sus oficinas para que se digitalice el documento nacional de identidad o habilitando alguna dirección de correo electrónico para facilitar el envío del DNI escaneado.

En caso de que la entidad no tenga antes del 30 de abril de 2015 la correcta identificación del cliente y la copia digitalizada de su documento de identificación (DNI, NIE, pasaporte o documento del país de origen) vendrá obligada a bloquear la cuenta bancaria y, automáticamente, vedada la posibilidad de efectuar nuevos ingresos o reintegros. Lógicamente, esta medida de bloqueo se desactivará cuando se presente la copia digitalizada del documento de identificación para lo cual se concede un plazo excepcional de tres meses, es decir, hasta finales del mes de julio.

Tratamiento fiscal de los servicios prestados por socios profesionales

Una cuestión que no está del todo clara es el tratamiento fiscal de la remuneración de los socios profesionales, esto es, los socios que, además, prestan servicios a la sociedad, debiendo decidir si lo hacen como trabajadores de la misma o como terceros emitiendo la correspondiente factura por los servicios prestados. Esta cuestión está siendo debatida desde que la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, diera nueva redacción al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Art. 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas. 1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.

No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

La redacción del párrafo tercero del artículo 27.1 de la Ley del IRPF planteaba al duda de qué socios podían ser trabajadores y tener una nómina en la sociedad y qué socios son profesionales o empresarios y deben facturar a la sociedad por sus trabajos y cómo deben éstos facturar IVA a la sociedad.

Para dar respuesta a esta cuestión la AEAT dictó una nota sobre la incidencia del IVA en la calificación del rendimiento obtenido por socios profesionales como procedente de actividad económica, y también la DGT ha contestado a varias consultas sobre este tema. Las conclusiones de la Administración Tributaria en este punto son que para que las retribuciones del socio se consideren rendimientos de actividades económicas en el IRPF y, por tanto, el socio deba emitir factura a la sociedad se exigen determinadas circunstancias:

· Que el socio pertenezca a la sociedad. Esta sociedad puede ser una sociedad profesional o de otro tipo, p. ej. sociedad anónima o limitada.

· Que la actividad realizada por el socio esté incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Este requisito se exige tanto de la actividad del socio como de la sociedad, con independencia de que el socio esté dada de alta o no en el IAE.

· Que la actividad que desarrolle el socio sea la misma que la de la sociedad.

· Que el socio esté dado de alta en el RETA (régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos) o, en su caso, en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al RETA.

De este modo, cuando se cumplan estos requisitos estaremos en presencia de un socio que es empresario o profesional (no empleado por cuenta ajena) y que está obligado a facturar a la sociedad por sus servicios. Tal sería el caso, por ejemplo, de un abogado socio de una sociedad limitada cuyo objeto social es la asesoría de empresas y en la que el abogado presta servicios de consultoría y abogacía, estando dado de alta en el RETA.

En cuanto a la obligación de facturar con IVA a la sociedad, la AEAT hace referencia a que el concepto de empresario o profesional a efectos del IVA se encuentra armonizado a nivel europeo, por lo que el tratamiento fiscal nacional de los ingresos percibidos por el contribuyente no es determinante a la hora de calificar sus actividades como actividades económicas. Para ello se centra en dos aspectos importantes:

· El hecho de que el rendimiento obtenido por el socio se califique como actividad profesional en IRPF en base a su inclusión en el RETA no implica que automáticamente sea sujeto pasivo del IVA. Desde luego se trata de un indicio importante, pero no todos los sujetos que realizan actividades profesionales son sujetos pasivos del IVA.

· Cuando el socio ordena por cuenta propia factores de producción para el desarrollo de su actividad profesional, las prestaciones de servicios efectuadas por el mismo a la sociedad estarán sujetas al IVA. La calificación como empresario o profesional, fiscalmente, tanto a efectos del IRPF como del IVA, supondrá que deberá estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores mediante la presentación de la correspondiente declaración censal y, además, como sujeto pasivo del IVA estará obligado a emitir factura por los servicios prestados a la sociedad, o en su caso, a los clientes de la misma y presentar las autoliquidaciones de IVA correspondientes.

Por el contrario, cuando la relación socio-sociedad debe calificarse como laboral por concurrir las notas de dependencia y ajenidad, los servicios prestados por el socio a la sociedad estarán no sujetos al IVA en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.5º LIVA.